domingo, 26 de febrero de 2012

Egipto investiga las actividades de las ONGs extranjeras en su territorio

EE.UU. advierte que se ponen en peligro sus ayudas anuales al país, cercanas a los 1.300 millones de dólares.


Informa: Al Manar



Una ministra egipcia, considerada como la persona que promovió los registros en las sedes de las ONG que operan en el país, ha acusado a EEUU de tratar de secuestrar la revolución en Egipto, informó el lunes la agencia oficial de noticias MENA.

La ministra de Cooperación Internacional, Fayza Abul Naga, uno de los pocos miembros del gabinete que pertenecieron a gobiernos del derrocado presidente Hosni Mubarak, lanzó las acusaciones ante los magistrados de instrucción en octubre, dijo Mena.

Los cargos presentados contra 44 personas, entre ellas 19 estadounidenses y otros extranjeros, acusadas de financiar ilegalmente a ONGs, han tensado las relaciones entre Washington y El Cairo.

La ministra egipcia dijo que “el levantamiento del 25 de enero fue una sorpresa para EEUU y no lo pudieron controlar cuando se convirtió en una revolución popular”.

“Ahí es cuando EEUU decidió utilizar todos sus recursos y herramientas para contener la situación y tratar de empujar a la revolución en una dirección favorable a los intereses estadounidenses e israelíes”, dijo de acuerdo a Mena.

A finales de diciembre, 17 ONGs egipcias e internacionales de defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia en Egipto fueron objeto de registros.

Entre las organizaciones registadas estuvieron el Instituto Nacional Democrático (NDI), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y la Freedom House, de EEUU, así como la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania.

Algunos legisladores estadounidenses han advertido que estas acciones podrían poner en peligro la ayuda de cerca de 1.300 millones de dólares que los EEUU otorga cada año a Egipto, la pieza central de su política en la región.

De acuerdo con uno de los magistrados encargados del caso, Sameh Abu Zeid, a estas asociaciones se les acusa de haber actuado “sin autorización” para llevar a cabo “actividades puramente políticas camufladas como un trabajo con la sociedad civil”.

Si son declarados culpables, las penas impuestas a los responsables de estas organizaciones podrían llegar hasta los cinco años de prisión, dijo otro juez, Ashraf Achmawi.