sábado, 11 de febrero de 2012

La industria "derechohumanitaria" y la libertad de expresión en Nicaragua

por J. Capelán, O. Correa y T. Soto

En los últimos 30 o 40 años la legítima preocupación de velar por los derechos humanos se ha explotado con motivos políticos hasta crear una verdadera industria de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales al servicio de los gobiernos de los países de la OTAN.

La agresión neocolonial contra Libia demostró que un pequeño grupo de organizaciones desleales y anti-democráticas pueden montar una campaña de desinformación en el sistema de las Naciones Unidas para provocar una agresión devastadora contra un país y su pueblo.

La organización internacional protagonista de esa campaña contra Libia fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), financiada por diversos gobiernos europeos y el National Endowment for Democracy (NED), notoria herramienta estadounidense de la desestabilización.

Los miembros del FIDH son organizaciones muy heterogéneas. Sin embargo, su orientación general como institución no deja la menor duda de que es otra herramienta importante de la maquinaria de represión y control de los gobiernos de los países norteamericanos y europeos de la OTAN.

Una función estratégica de organismos como la FIDH es la de extender la desinformación desde el campo mediático al campo del derecho internacional. Lo hacen por medio del sistema del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas.

Ocupan su espuria autoridad moral como organización de derechos humanos para difundir información falsa sabiendo que es poco probable que sus mentiras y distorsiones lleguen a ser contrastadas por fuentes veraces y verdaderamente independientes.

Por otro lado, organizaciones como la FIDH, que a veces publican informes muy críticos sobre gobiernos que no son objeto de planes de intervención por parte de las potencias de la OTAN, generalmente debido a que siguen una línea de comportamiento deseable a los ojos de las potencias occidentales, participan en el uso político selectivo que se hace de esos informes en el sistema de Naciones Unidas.

Nunca se ha visto a la FIDH, a Amnistía Internacional o a Human Rights Watch protestar por el hecho de que sus afirmaciones acerca de un gobierno hayan sido utilizadas como justificación de una guerra de agresión de la OTAN, mucho menos hacerse la autocrítica por haberse prestado al juego de intereses de conquista que nada tienen que ver con los derechos humanos.

Otra función estratégica de organizaciones como la FIDH es la de alimentar a los medios corporativos occidentales con el material requerido para desatar despiadadas y cínicas campañas de desinformación. Con este material se extiende masivamente la capacidad de guerra psicológica de las élites occidentales contra los gobiernos y movimientos que resisten su voluntad.

Por supuesto, de vez en cuando, entre la extensa cantidad de desinformación que producen esas organizaciones denominadas de "derechos humanos" hay información acertada que sirve para disfrazar el verdadero propósito de su despliegue mediático general.

En el caso de la FIDH y América Latina, por ejemplo, se puede notar que la organización expulsó a Ramón Custodio López por haber colaborado con el golpe militar contra el gobierno legítimo del Presidente Manuel Zelaya en Honduras. También se puede observar que, en relación a Colombia, la FIDH incluye como miembro al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Pero en el caso de Libia, la FIDH permitió que la Liga Libia de Derechos Humanos definiera su política en base de información falsa sin el menor intento de averiguarla. Lo mismo está haciendo ahora en el caso de Siria por medio del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el Damascus Center for Human Rights Studies, las dos financiadas por la NED.

La operación ideológica de ocultación de los verdaderos intereses imperiales tras motivos de apariencia noble no es difícil de entender:

Primero, en las áreas en las que el propio accionar del imperio y sus fuerzas clientelares desde el poder del Estado producen cantidades masivas de violaciones contra los derechos humanos, se normalizan las prácticas del terrorismo de estado desplazando su responsabilidad a algún actor local supuestamente fuera de la influencia de la OTAN, al tiempo que se construye a un oponente que, por haber sido previamente definido como portador del "virus del mal", está de antemano descalificado para cumplir con el más insignificante rol de interlocutor político.

De esta manera, la violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado o por las fuerzas de ocupación son vistas como aberraciones de un sistema esencialmente bueno o deseable - es decir, de acuerdo al ideal de los "derechos humanos". Esto crea una estructura que permite la resignación total de la opinión pública y una aceptación de hecho, de la situación de ocupación/intervención/dominación imperantes.

Segundo, en las áreas en las que existe un interés de parte de las potencias atlantistas en alcanzar lo que denominan un "cambio de régimen", se procede a construir o apoyar una quinta columna de actores internos que, denunciando violaciones reales o inventadas, den credibilidad a una imagen totalitaria de la sociedad en cuestión al mismo tiempo que se construye una "sociedad civil" víctima de los abusos del estado al que se pretende desestabilizar y conquistar.

La aceptación de esa versión por parte del público, en especial en los propios países de la OTAN, neutraliza toda oposición eficaz a las intervenciones político-militares en los países imperiales aun cuando sus objetivos sean aparentes para millones de ciudadanos, ya que "si el río suena piedras trae", y algo de la propaganda sobre los supuestos abusos del enemigo debe al fin y al cabo ser cierto como para que éste merezca cualquier tipo de solidaridad eficaz.

La "teoría de los dos demonios" ("Sí, nuestros muchachos o sus aliados cometen atrocidades, pero el enemigo es también sórdido y malo" o "sólo porque detestas al imperialismo no te vas a ir a abrazar al gobierno x o y") ha sido siempre un efectivo método para neutralizar la oposición doméstica a los crímenes cometidos en nombre del colonialismo y el imperialismo.

Tiene la ventaja de construir relatos de apariencia realista sobre el mundo y además ofrece fuertes incentivos morales para que la opinión de Occidente apoye, tolere o no se oponga con mayor tenacidad a las intervenciones y al mismo tiempo mantenga vivas las ilusiones acerca de la superioridad moral 'en ultima instancia" de la propia sociedad ("Al menos en Occidente somos libres de protestar", etcétera).

En el caso de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es miembro del FIDH y actúa a nivel internacional de precisamente la misma manera falsa y políticamente sesgada que han hecho la Liga Libia de Derechos Humanos y sus homólogos sirios. CENIDH está plenamente identificada con la oposición de "centro-derecha" (en realidad, de ultraderecha 8) en Nicaragua.9 Su financiamiento depende principalmente de los gobiernos europeos de la OTAN. Su sesgo político es notorio.

La directora del CENIDH es Vilma Nuñez de Escorcia. De familia conservadora, ella fue una jueza bajo el sistema politizado de justicia de la dictadura somocista. En esa época, los magistrados liberales se reunían con los "opositores" conservadores y elegían a los jueces, proporcionalmente a razón de un conservador por cada tres liberales a partir de una lista previamente elaborada por cada partido. En nuestros días, Núñez ha llegado a afirmar que en esos tiempos "la justicia no estaba politizada".

Más tarde, Núñez pasaría a convertirse en valiosa (y valiente) abogada defensora de los guerrilleros sandinistas, razón por la cual el "no-politizado" sistema judicial somocista la mandó a la cárcel.

Durante la revolución de los 1980s, Vilma Núñez fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia y también fue directora de la Comisión Nicaragüense de la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. En 1990 ella y sus colegas formaron el CENIDH.

Durante la primera mitad de esa década la organización se ganó un amplio respeto, al criticar los abusos cometidos por todos los actores políticos del país. Sin embargo, a mediados de esa década, un grupo de sandinistas, principalmente miembros de la bancada del FSLN así como ex altos funcionarios estatales e intelectuales, decidió ir en contra de la voluntad del congreso del partido y más tarde formó una escisión de orientación socialdemócrata conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Vilma Núñez desde entonces se ha identificado con dicha facción política. Actualmente se ha alineado con sus compañeros del MRS apoyando las filas de la oposición derechista de la Alianza PLI.

Desde su puesto como vicepresidenta de la FIDH, Vilma Núñez ha avanzado en la práctica una política fanáticamente anti-FSLN bajo la cobertura de los "derechos humanos" que en lo fundamental sigue la línea de la Unión Europea y de los Estados Unidos de boicot permanente al sandinismo.

Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2011, la FIDH publicó un comunicado con el título "Campaña de desprestigio llamando al odio contra la Presidenta del CENIDH" en el cual se condenan supuestas "declaraciones llamando al odio contra la Doctora Vilma Núñez de Escorcia". En el texto se asegura que "a lo largo del presente año, el Gobierno de Nicaragua ha difundido periódicamente publicaciones orientadas a descalificar y deslegitimar a la Dra. Vilma Núñez".

El comunicado de la FIDH menciona un artículo publicado en la página web de la Nueva Radio Ya el 1 de noviembre en el que se vertían unas declaraciones dadas a esa emisora en una entrevista unos días antes por uno de los autores del presente artículo.

En la entrevista se llamó a Núñez "deshonesta e inmoral" por escudarse en el discurso de los derechos humanos para en la práctica promover la desestabilización de un gobierno que goza de una amplio respaldo popular.