domingo, 15 de abril de 2012

Ante una hipotética nacionalización de la argentina YPF, la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio no pueden intervenir


El gobierno español contactó a los Estados Unidos, México, Colombia y la Unión Europea para resistir una hipotética nacionalización de la petrolera. Fuentes europeas dijeron que no tienen sostén jurídico para inmiscuirse.

El gobierno de Mariano Rajoy comenzó ayer a pedir apoyo internacional para resistir la hipotética nacionalización de YPF alegando que perjudicar a Repsol (dueña del 57,4% de las acciones de la petrolera) sería atacar a España. Si bien esta actitud recibió el sostén de una serie de declaraciones de la Comisión Europea (CE), fuentes diplomáticas reconocieron que la Unión Europea (UE) “carece de armas legales para defender los intereses de la empresa en Argentina”.


Las autoridades españolas, que se encuentran en una situación frágil por la fuerte crisis que vive el país y los planes de ajuste que llevan adelante, mantuvieron contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia. La vicepresidenta española, Soraya Sáez de Santamaría, sostuvo que existe una “preocupación generalizada en otros Estados y en instituciones europeas” por la situación de la petrolera, y advirtió que una nacionalización podría afectar también los intereses de otros países.

Ante las especulaciones generadas ayer por el falso proyecto de ley de estatización, Bruselas (como se suele nombrar a la CE por su lugar de residencia), emitió un comunicado en el que subrayó la “necesidad de encontrar una solución que no dañe las relaciones entre la Argentina y la Unión Europea”, y apuntó a la búsqueda de “la seguridad de las inversiones extranjeras en el país”.

Sin embargo, detrás de todo el ruido mediático, se reveló que la Unión Europea no tiene mecanismos jurídicos para presionar a la Argentina en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio. Si bien con el Tratado de Lisboa la CE adquirió en principio competencias sobre las inversiones, todavía no se desarrollaron los instrumentos legales, que aún se encuentran en debate entre los países.

“La Unión Europea no tiene actualmente ningún camino legal que invocar frente a la Argentina”, indicaron integrantes de la Comisión Europea al portal español <elmundo.es>. De esto se desprende que la tensión por la petrolera es exclusivamente un asunto bilateral y todo lo que surja de la comunidad de países europeos se limitará a declaraciones políticas con rebote en los medios pero sin influencia efectiva en el conflicto.

En tanto, la Organización Mundial del Comercio (OMC) no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos  de Argentina en relación a ello, por lo que la UE no tiene posibilidad de reaccionar sobre la base de compromisos legales multilaterales o bilaterales en Ginebra.