lunes, 16 de abril de 2012

Expropiar a los bandidos imperialistas de Repsol

 
Crece el clamor por YPF

Texto del Partido Comunista (Congreso Extraordinario) de la Argentina:
La posibilidad de recuperar el control de YPF en manos del Estado argentino, va al encuentro de un sentimiento nacional muy fuerte. Se trata de un símbolo del desarrollo de nuestro país, pero también de un símbolo del proceso de privatizaciones que hundió a la Argentina en el fango del neoliberalismo en la década del ’90.
En muchas circunstancias, diferentes sectores han reclamado al gobierno la reestatización inmediata de la petrolera estatal. El problema de las consignas es que a veces suelen subestimar el factor subjetivo, es decir, el grado de organización y conciencia alcanzado que permita avanzar sobre determinados objetivos. Incluso no solamente debemos atender a la correlación de fuerzas existentes, sino también a las condiciones del Estado para reasumir funciones de estas características y a la telaraña jurídica heredada del neoliberalismo, pensada precisamente para dificultar y frenar los avances. No son pocos entonces los obstáculos interpuestos en el camino.
 
Frente a la ostensible falta de inversión de Repsol-YPF, que derivó en una sostenida caída de la producción -en un contexto de mayor demanda por el crecimiento de la economía- y que obligó a importar combustibles en cantidades siderales, el gobierno ha buscado las formas adecuadas que planteen las mejores condiciones antes de adoptar una definición. Primero con el retiro gradual de la concesión sobre los pozos, hoy administrados por las provincias desde la Reforma Constitucional de 1994. Esto desencadenó una abrupta caída de las acciones bursátiles de la compañía que disminuyeron significativamente el valor económico de la empresa. Estas transnacionales que se hicieron de nuestro patrimonio durante el menemismo están amparadas por innumerables recursos, contratos leoninos, onerosas indemnizaciones que encuentran en el CIADI el paraíso terrestre para fallar contra los Estados y exigir –extorsión mediante- el pago de sumas multimillonarias.
Diversas fuentes públicas sostienen que el gobierno evalúa por estas horas dos alternativas: la expropiación o la intervención de la empresa comprando el paquete de acciones mayoritario. También la posibilidad de declarar de interés público a la compañía. Cualquiera sea el desenlace, la recuperación de YPF constituye una medida estructural que no resulta de un reflejo espasmódico o voluntarista, sino que se fue gestando pacientemente durante estos nueve años de kirchnerismo.

Los anuncios de una nueva política de saqueo

Texto del Partido de los Trabajadores por el Socialismo de Argentina (PTS):

La ofensiva contra la Repsol hasta la semana pasada se había centrado en la quita de áreas de extracción de petróleo poco significativas para tratar de presionar hacia algún acuerdo de inversiones mediante la no remisión de ganancias a España. Ante la falta de respuestas, en la última semana se aceleró la quita de áreas de extracción hasta alcanzar una parte significativa de la producción, prácticamente el 45% del total. La presión ejercida por el gobierno y los gobernadores permitió que las acciones de la Repsol se derrumben en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, facilitando la posible compra del Estado Argentino de parte del paquete accionario.  Más allá que el gobierno quiera presentar el posible ingreso como accionista de la Repsol como una política en pos de los intereses nacionales, en realidad lo que está develando es la crisis de su política petrolera.   Los K fueron protagonistas de la entrega Los diarios se hicieron eco de las declaraciones de Jorge Sapag, el gobernador de Neuquén, quién develó que la idea del gobierno sería conformar una empresa mixta, donde no está descartado que la mayoría accionaria siga en manos de la Repsol o que se habilite el ingreso de otros empresarios amigos de los K, como Bulgheroni del Grupo Bridas que es socio de capitales chinos.

En los noventa fue Néstor Kirchner quien hizo lobby a favor de las privatizaciones y la provincialización de los recursos petroleros. O sea  la venta de YPF (por papeles devaluados de la deuda) y al desguace de la explotación petrolera y gasífera. Esta política fue reivindicada recientemente por CFK en la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional, planteando que el problema había sido, no la privatización, sino la liquidación a fines de los noventa de la “acción de oro” que tenía el Estado Nacional, lo cual le permitía incidir en las decisiones de la petrolera.
La privatización significó el desmembramiento de YPF que hasta ese momento era una de las pocas compañías del mundo que integraba el conjunto del proceso de producción: exploración y extracción de petróleo, distribución mayorista por oleoductos y gasoductos, refinamiento y distribución minorista en estaciones de servicio. Ese desmembramiento está lejos de revertirse. Hoy los recursos hidrocarburíferos, aunque en su mayoría siguen en manos de la Repsol, también están distribuidos en proporciones importantes entre otros capitales imperialistas. Mientras CFK llora lágrimas de cocodrilo por lo “muertos de Malvinas”, en el continente Pan American Energy, cuyo accionista mayoritario es la empresa “pirata” inglesa British Petroleum (en asociación con el Grupo Bridas, de capitales argentinos y chinos), tiene el control del 17% de la extracción de petróleo y el 11% de la extracción de gas. La yankee Chevron extrae el 8% del petróleo y la Total de Francia el 4%. La anglo-holandesa Shell tiene el 19% de la refinación de petróleo y la americana Esso el 4%. La distribución mayorista también está privatizada.  Argentina no es un país petrolero, sino un país con petróleo. Esto significa que puede abastecer a sus industrias y consumo doméstico, pero no exportar. Aún así, todos estos años las empresas vendieron enormes cantidades de petróleo y gas en el mercado mundial aprovechando los altos precios de estos productos y los gobernadores de las provincias petroleras (o gasíferas como es el caso de Neuquén) disfrutaban de una enorme renta mediante las regalías recibidas de las empresas. El problema salta ahora cuando la Argentina pasó a depender de las importaciones, y debe gastar miles de millones de dólares en esos recursos energéticos. Es que hace más de una década que la política de las empresas es de expoliación de los recursos sin invertir en la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Y de esta verdadera política de saqueamiento son cómplices el gobierno nacional (ya van 9 años de los Kirchner) y los provinciales (en su mayoría K). Sólo contando desde el año 2008, Repsol distribuyó ganancias por 18.628 millones de pesos.
El gobierno mantuvo todos estos años su política de privatización y solo frente a los evidentes problemas energéticos buscó el ingreso del Grupo Petersen (familia Esquenazi) a la empresa Repsol. Pero no cambió nada, las ganancias se iban para España y los bolsillos de Esquenazi y no se invertía. Más aún, para alimentar esas ganancias se permitió aumentos en los precios de las naftas de Repsol-YPF y se estableció un sistema de subsidios con la expectativa de promover inversiones que nunca ocurrieron. Es escandaloso como cayeron las reservas medidas en años. A principios de la década del setenta las reservas alcanzaban para alrededor de 18 años en petróleo y para unos 40 años en gas. Durante el kirchnerismo, al igual que con el menemismo, las reservas declinaron enormemente hasta llegar en la actualidad a alrededor de los 10 años para el petróleo y los 7 años para el gas.
Tras el discurso de recuperar recursos estratégicos, que CFK querrá “vender” como una gesta patriótica sin igual (como cuando se le pagaron miles de millones al FMI),  asoma el pragmatismo del gobierno frente a la crisis energética, pero también frente al desgaste del esquema económico que presenta el superávit comercial deteriorándose y el hecho novedoso que el balance con el exterior en petróleo y gas fue fuertemente deficitario en 2011 por primera vez en muchos años. Para parar esta sangría de recursos y ser un país soberano en el manejo de los hidrocarburos hay que imponer la nacionalización integral de los recursos e infraestructura petrolera sin indemnización ni pago y bajo gestión de sus propios trabajadores.